El PP bloqueará el órgano clave del proyecto para rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil
La negativa popular anularía el aspecto más novedoso de la Ley de la Memoria Histórica
(ElPaís, 07/01/07, Madrid, Anabel Díez, Carlos E. Cué):
La ley más polémica del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, la que honra a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, se enfrenta a un problema sin aparente solución. Mientras otros partidos de izquierda exigen al Ejecutivo ir más allá, aparecen esquelas de uno y otro bando en los periódicos y se suceden las acusaciones de querer reescribir la historia, el Partido Popular anuncia que bloqueará el nombramiento del tribunal de cinco notables para rehabilitar a las víctimas, el corazón del proyecto de ley y su principal novedad. El Grupo Parlamentario Popular ha confirmado a este periódico su intención de no colaborar en nada que tenga que ver con la futura ley de la Memoria Histórica y exige su retirada inmediata. Mariano Rajoy la ha convertido en uno de sus principales caballos de batalla contra José Luis Rodríguez Zapatero, casi al mismo nivel que el terrorismo.
En cualquier otra norma, eso no supondría ningún problema: el PP está en la oposición y las leyes se aprueban sin su apoyo. Los demás grupos, los socios del PSOE, quieren ir más lejos, pero apoyan la idea del proyecto, con lo cual el acuerdo es posible.
El laberinto sin salida llega al leer el artículo cinco del proyecto legal. El tribunal de cinco notables que estudiará las peticiones de las víctimas o sus familiares para que se rehabilite su nombre y se declare oficialmente que sufrieron un juicio o una muerte injusta requiere un apoyo de tres quintas partes del Congreso de los Diputados para ser nombrado. El PP supera los dos quintos, por lo que, efectivamente, puede bloquear la elección del órgano clave de la ley y dejar sin efecto el corazón de la iniciativa.
El PSOE se enfrenta así a una disyuntiva. Puede cambiar el sistema de elección y someterlo a una mayoría absoluta que sí tiene, pero con ello el tribunal perdería el espíritu de organismo constitucional que los socialistas querían darle -por tres quintos se eligen órganos básicos como el Tribunal Constitucional, el Consejo de RTVE o el Poder Judicial-. La otra opción pasa por cambiar la fórmula del tribunal y elegir otra que pueda obtener más consenso, algo también muy delicado. Los socios del PSOE piden directamente la anulación de todos los juicios franquistas como ilegítimos, en vez de crear un tribunal especial que analice caso por caso y sólo a solicitud de las familias.
Ante la evidencia de que la iniciativa es apoyada por todos los grupos menos el PP, aunque su actual redacción sólo gusta en el PSOE, los socialistas se muestran dispuestos a cierta flexibilidad, pero "sin desnaturalizarla", según aclara el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido.
Los socialistas no quieren oír hablar de la posibilidad de que el PP bloquee el nombramiento del órgano fundamental de la ley. Sin embargo, el diputado de la oposición encargado de defender este asunto en la tribuna, Manuel Atencia, lo ha definido como "una especie de tribunal de la Inquisición".
Su homólogo en el PSOE, José Andrés Torres Mora, consciente de que la norma tendrá un desarrollo parlamentario largo y complejo de final incierto -tanto que podría decaer si no se impulsa su aprobación, puesto que la legislatura entra en su fase final- considera "inconcebible" que el PP "impida la aplicación de una ley aprobada por las Cortes Generales". Porque, tal como está previsto en la iniciativa legal, los populares no podrían impedir la aprobación de la norma, sólo la formación del tribunal que ésta crea.
Tras las vacaciones parlamentarias se reanudarán las conversaciones con el intento de atraer a CiU y PNV, cuyas posiciones serían susceptibles de acercamiento. Con ERC e IU-ICV las cosas están más difíciles. Ellos quieren legislar sobre la memoria colectiva para reivindicar la II República y la lucha contra el franquismo, y ése no es el planteamiento de los socialistas. "Eso es otra ley", señalan.
Torres Mora remacha la dificultad al añadir que el PP quiere enmendar "una ley que no existe". Este partido está criticando aspectos, como el de reescribir la historia, que no aparecen en ninguno de los artículos de la norma, dedicada más bien a facilitar la reapertura de fosas a los familiares que lo soliciten, a dar ayudas a las víctimas que quedaron fuera de otras normas, a eliminar símbolos franquistas en los edificios de la Administración central o a garantizar que no continúen realizándose reuniones fascistas en un lugar público como el Valle de los Caídos.
Y además, o sobre todo, a crear un tribunal para rehabilitar el nombre de las víctimas, como reclaman sus familiares, y determinar la injusticia de los asesinatos durante la Guerra Civil de uno y otro bando (a ese órgano podrían acogerse las víctimas de las matanzas republicanas cometidas en Paracuellos del Jarama, por ejemplo) y especialmente de la dictadura que siguió.
- Procedimiento legal.
El texto actual prevé que los ciudadanos afectados soliciten al tribunal la reparación moral del daño sufrido por la Guerra Civil o la dictadura, a fin de obtener una declaración que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
"Al objeto de resolver sobre las solicitudes de declaración, se constituye un Consejo integrado por cinco personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de las ciencias sociales, elegidas por mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados", señala el artículo 5 del proyecto.
Aunque el PSOE lograra el apoyo de todos los demás grupos, seguirían faltándole seis escaños para llegar a los tres quintos, porque el PP tiene 146 de los 350 del Congreso. Esto es, si se quiere sacar adelante este tribunal antes de las próximas elecciones, los socialistas tendrían que convencer al PP o cambiar la fórmula.
- El PSOE, abierto.
"Estamos abiertos a mejorar la ley, en la medida que se pueda, pero nuestro objetivo es la reparación de las víctimas, no reescribir la historia. Si se llega a la conclusión de que hay fórmulas mejores que la que ahora dice la ley para esa reparación moral y del honor, se puede estudiar, pero siempre sin desnaturalizarla", asegura López Garrido. Para convencer a IU y a ERC de que colaboren y sean copartícipes de este paso que pretende honrar a las víctimas del franquismo, los socialistas y el propio Zapatero han insistido en público y en privado en la idea de que nunca un gobierno había llegado tan lejos en la democracia.
- Valle de los Caídos.
En algunos temas hay margen para el acuerdo. IU-ICV, más predispuesta al pacto que ERC, según fuentes gubernamentales, pretende que el Valle de los Caídos se convierta en un memorial del horror franquista, donde se enseñe a los escolares lo que significó aquello. Algo parecido a lo que sucede en Núremberg (Alemania), la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (Argentina) o está previsto para Villa Grimaldi (Chile). Ahora la ley se limita a prohibir allí actos políticos como el que los falangistas organizan cada 20 de noviembre.
- Acabar con los símbolos.
En el tema de los símbolos hay posibilidades de avanzar. El Gobierno retiró a última hora de la ley una recomendación a los ayuntamientos para retirar nombres de calles y monumentos franquistas, y sólo dejó la exigencia para la Administración central. Sin embargo, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega señaló en el debate de las enmiendas a la totalidad en el Congreso: "Somos respetuosos con las competencias de cada cual, pero a este criterio general pueden acogerse todas las administraciones, instituciones y entidades". Con este "entidades", aunque sin citarla, De la Vega podría referirse a la Conferencia Episcopal, ya que las fachadas de decenas de iglesias españolas conservan la lista de los "caídos por Dios y por España".
El Ejecutivo no ha querido molestar a la Conferencia Episcopal, con quien mantiene unas excelentes relaciones tras el pacto que alcanzó para incrementar su financiación pública, pero la izquierda le exige que haga algo para acabar con ese constante recordatorio de los luchadores fascistas en las plazas de pueblos y ciudades españolas, algo único en Europa.
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El PSOE quiere que Plata dimita y se dedique en "exclusiva" a Marbella a partir del día 22
El consejero baraja principios o finales de febrero para dejar su cargo en Turismo
(ElPaís, 05/01/07, Sevilla, Lourdes Lucio):
El PSOE de Andalucía no quiere distracciones de sus candidatos municipales, sobre todo, de los que están compatibilizando dos agendas de trabajo: la que desarrollan como cargo público y la de cabeza de cartel electoral. "Como responsable electoral del partido soy partidario de que a partir del día 22 de enero los candidatos tengan como tarea exclusiva su candidatura", afirmó a este periódico el secretario de Organización del PSOE, Luis Pizarro. Este mensaje va dirigido, fundamentalmente, al consejero de Turismo y candidato socialista por Marbella, Paulino Plata.
Desde que fue designado oficialmente candidato socialista a la alcaldía de Marbella (Málaga), el 16 de junio pasado, Plata ha tenido que lidiar con las críticas de la oposición por compatibilizar ese puesto con el de consejero de Turismo y Deportes.
Ambos cargos son compatibles hasta el 3 abril, fecha de la proclamación de las candidaturas en el BOE para las elecciones municipales del 27 de mayo.
Desde que fue designado, Plata ha intensificado su presencia en Marbella, pero, según opina el secretario de Organización socialista, a partir de finales de enero debe dedicarse "en exclusiva" a su agenda electoral. Esta reflexión no sólo incumbe a Plata, sino a todos los candidatos de este partido que deben abandonar por incompatibilidad sus cargos oficiales (consejeros, directores generales y delegados de la Junta, 25 en total).
El próximo día 22, el comité director del PSOE -máximo órgano de decisión entre congresos- aprobará todas las candidaturas de alcaldes y concejales de las localidades entre 20.000 y 50.000 habitantes.
A partir de esa cifra de población, la ratificación compete al Comité Federal, pero los socialistas andaluces, con el visto bueno de Ferraz, han adelantado todo el proceso, de manera que el 22 de enero sus listas en los 770 municipios de la comunidad estarán cerradas. Será el único partido de Andalucía con este proceso -complejo, engorroso y, casi siempre, tenso- resuelto.
La justificación es que quieren dedicarse de lleno a la campaña del referéndum del Estatuto de Andalucía, previsto inicialmente para el 25 de febrero. E inmediatamente después a la preparación de los comicios locales.
"El día 22 aprobamos nuestro calendario electoral y a partir de esa fecha, le corresponderá al Gobierno andaluz poner en marcha los procedimientos oportunos", dijo Pizarro, es decir, los decretos de cese que debe firmar el presidente de la Junta, Manuel Chaves.
- Plata esperará a Fitur.
Nadie en el PSOE desea que la lógica salida de los que ocupan cargos públicos sea forzada, por lo que el mensaje del número dos del partido no deja de ser un aviso público a los navegantes electorales para que cojan ya sus trastos electorales "para que tengan una presencia en sus circunscripciones muy activa y no por lo que dice Javier Arenas". Pizarro critica el cinismo del presidente regional del PP, quien acusa a Plata de utilizar para su candidatura en Marbella los recursos de la administración pública.
El consejero de Turismo afirmó ayer a este periódico que baraja dos fechas para dejar su cargo: "Después de Fitur o después del referéndum". Plata asegura que para Andalucía la presencia en la Feria Internacional del Turismo, que se celebrará e Madrid del 31 de enero al 4 de febrero, es clave para los intereses del mercado andaluz que se nutre del turismo nacional. Aunque la fecha oficial del referéndum del Estatuto aún está en el aire, siempre se ha manejado como la más probable la del 25 de febrero.
La razón de que el PSOE andaluz quiera a Plata ya con la camiseta exclusiva de candidato por Marbella tiene que ver, además, con una reciente encuesta realizada en el mes de diciembre, de la que Pizarro sólo facilita algunas pinceladas. PSOE y PP, según este sondeo, estarían en una situación de "empate técnico con ligera ventaja" para la candidata popular, Ángeles Muñoz. Una distancia que era mayor antes de que Plata fuese designado candidato. "Hemos cambiado la situación en cinco meses y en otros cinco será capaz de ganar", sostuvo el dirigente socialista.
En esta encuesta, ni IU ni PA ni los independientes aparecen con opciones de obtener concejalías. "Un dato", apunta Pizarro, "que la izquierda deberá tener en cuenta con vistas al voto útil".
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IU reclama que la ley de la Memoria Histórica condene expresamente la dictadura franquista
Familiares de represaliados piden que se anulen los juicios por los que fueron condenados
(ElPaís, 04/01/07, Málaga, Fernando J. Pérez):
Eran pocos, apenas medio centenar, pero representaban el sufrimiento y la dignidad de muchos miles. Un grupo de familiares de represaliados de la Guerra Civil y la dictadura de Franco se concentró ayer ante la Subdelegación del Gobierno en Málaga para exigir una "verdadera" ley de la Memoria Histórica que recoja una condena expresa al régimen franquista y la nulidad de todos los juicios y sentencias por motivos políticos entre 1936 y 1975. Antonio Romero, parlamentario autonómico de IU, pidió que el texto, en trámite parlamentario, "no devuelva a las fosas a las víctimas". Los familiares de represaliados, la mayor parte de los cuales superaba la cincuentena, acudieron sobre las 11.00 a la escalinata de acceso al Palacio de la Aduana, sede de la Subdelegación. Muchos de ellos portaban fotografías antiguas de sus parientes muertos o desaparecidos en la guerra y en la dictadura y otros llevaban pancartas en las que se podía leer: "El Borge: 13 fusilados", "Casares: 43 fusilados", "Teba: 132 fusilados"...
Tras varios minutos de concentración silenciosa, una comitiva encabezada por Antonio Romero y el candidato de IU a la Alcaldía de Málaga, Pedro Moreno Brenes, subió al despacho del subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, y le entregaron un manifiesto con 13 puntos "mínimos" para el debate de la llamada Ley de la Memoria Histórica, texto que consideran "claramente insuficiente".
El primer punto que, según los concentrados, se debe incorporar a la futura normativa es la condena al régimen franquista. "No eran dos bandos, no se puede equilibrar en términos de legitimidad aquellos que se sublevaron contra la legalidad republicana y aquellos que la defendieron", aseguró Moreno Brenes.
- Retirada de símbolos.
A continuación se pide "la nulidad radical de todos los procesamientos, sentencias, condenas y sanciones" por motivos políticos, religiosos, étnicos o de conciencia durante el franquismo. También se reclama la aplicación del derecho internacional sobre las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; la identificación de las fosas comunes y enterramientos de las víctimas del franquismo y la exhumación de éstas; la retirada de los símbolos franquistas de los edificios públicos y el cambio de los nombres de las calles dedicadas a personajes del régimen; la exhumación de los restos del general Franco y la "regeneración democrática del Valle de los Caídos"; y el reconocimiento de la nacionalidad española para los descendientes de exiliados, entre otros puntos.
Antonio Romero recordó que "sólo en la provincia de Málaga" fueron fusiladas entre 7.000 y 8.000 personas por su fidelidad a la República, más del doble de desaparecidos por la dictadura del recientemente fallecido Augusto Pinochet en Chile. "La Ley de Memoria Histórica no debe convertirse en una ley de punto final y amnistía del franquismo", dijo.
Los políticos cedieron pronto el protagonismo a los familiares de represaliados. Juan Lepe Vera acudió a la concentración con dos fotografías antiguas, ambas con protagonistas muy parecidos físicamente. "Son mi abuelo y su hermano, Juan y José Vera Muñoz". Estos hermanos murieron fusilados el 4 de abril de 1937, un mes después de las tropas franquistas entraran en su pueblo, Álora. José Vera aparece en la instantánea con su mujer y con tres niños pequeños. "A los dos varones, los mataron cuando tenían 16 o 17 años por qué mataron a su padre". La niña, un bebé en la fotografía, es ahora una mujer casi anciana. "Al final ha venido, pero no quería venir a la concentración por miedo a que le pegara la policía", señala Juan Lepe Vera.
Cristóbal Florido Lobato, de 72 años, portaba una imagen de su padre a los 21 años. "Es de antes de la guerra. Él murió a los 26 años, cuando yo tenía 18 meses". Cristobal Florido Hidalgo, también de Álora, fue fusilado el mismo día que los hermanos Vera. "Su único delito era ser yerno de un republicano. No pertenecía a ningún partido". El padre de Cristóbal está enterrado en una fosa común a los pies del castillo árabe del pueblo. "El Ayuntamiento quiere hacer una reforma para que los turistas visiten el castillo, pero que no se les ocurra hacer nada encima de la fosa", se indigna el anciano, que acudió a al concentración con muletas.
Antonia Infante tenía seis años cuando mataron a su padre tras un año de cárcel. "Ahora estamos luchando para que lo saquen de donde está y le pueda quitar los alambres que le pusieron para amarrarle las manos".
servido por Basilio
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