El PA avisa de que el Estado podría exigir la devolución de la deuda histórica

El PA avisa de que el Estado podría exigir la devolución de la deuda histórica

(ElPaís, 23/01/07, Sevilla, I. Pedrote):

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la llamada deuda histórica ha sido interpretada de muy diferente manera por los partidos andaluces. Mientras que PSOE, IU y PP opinan que el fallo -que desestima el recurso que interpuso el Parlamento en 1998 a los Presupuestos Generales por no incluir la mencionada deuda- no interfiere en el concepto ni en el cobro de las cantidades que se acuerden, el PA califica la sentencia de "gravísimo atentado". Es más, vaticina que Andalucía tendrá que devolver los 20.000 millones de pesetas que recibió en 1997, única vez que se ha abonado.

Lo cierto es que la Junta mantiene su proyecto de solicitar la convocatoria de la comisión bilateral Junta-Estado para adelantar incluso la liquidación de la deuda, cuyo horizonte fija el Estatuto reformado en 2010, como anunció en diciembre el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías. Durante la redacción de la reforma del Estatuto, la deuda histórica se situó como un elemento preferente. Tras varios enunciados, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, logró arrancar del Ministerio de Hacienda el compromiso en tres años. Así quedó en el texto, junto con la posibilidad de recibir anticipos a cuenta.

Los andalucistas, sin embargo, señalan que nada de esto tiene ya valor. El secretario general, Julián Álvarez, aseguró ayer que la sentencia lo que dice es que la vía de financiación especial de la comunidad queda subsumida en el mecanismo contemplado en el artículo 15 de la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), que habla de la posibilidad de "asignaciones complementarias" en un determinado ejercicio para todas las comunidades. Según Álvarez, en el nuevo Estatuto, la denominación que se ha elegido es también "asignaciones complementarias". "Qué grave error poner el nombre que nos inhabilita para cobrar la deuda histórica".
El líder del PA fue a más, y afirmó que en virtud de la doctrina del TC Andalucía tendría que devolver los 20.000 millones de pesetas que recibió en 1997 a cuenta de la deuda histórica.

- "Ambigüedad".

El secretario de Organización del PSOE, Luis Pizarro, dijo lo contrario. Interpretó que "lo realmente importante" de la sentencia es que reconoce la "necesidad de un acuerdo previo en la Comisión Mixta" y destacó que la nueva redacción incluida en el futuro Estatuto supera la "ambigüedad" del texto actual para establecer "con claridad" un calendario de pago. Pizarro recordó que cuando el PSOE propuso modificar la redacción acordada con IU en el Parlamento andaluz se acusó a los socialistas de "intentar dilatar" el pago de la deuda histórica cuando, en su opinión, la sentencia del TC pone de manifiesto que esta nueva redacción permite "iniciar con tranquilidad el diálogo" con el Gobierno.

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La cuestión religiosa en la II República

La cuestión religiosa en la II República

(ABC, 12/12/06, C. García de Andoin):

"En un país como España, la hegemonía republicana sólo podía construirse con éxito sobre la inclusión progresiva del catolicismo en el sistema republicano".

En estas fechas, hace 75 años, el 9 de diciembre, fue aprobaba la Constitución de la II República. La mayoría gobernante poco imaginaba que aquel texto, lejos de cerrar la cuestión religiosa arrastrada en España desde el XIX, se convertiría en el más poderoso factor en su contra. Es bueno hacer memoria de los múltiples avances que supuso la II República -democracia constitucional, sufragio femenino, establecimiento de los pilares de un Estado descentralizado-, pero también de los fracasos, entre ellos el de la política religiosa.

El ministro de Justicia, el socialista Fernando de los Ríos, abrió el debate parlamentario sobre el artículo 26 del proyecto constitucional el 8 de octubre de 1931. Su vibrante oratoria arrancó una gran ovación cuando, dirigiéndose a la minoría católica, denunció la intransigencia del catolicismo español y el dolor causado por una Iglesia que había vivido por siglos confundida con la Monarquía, «haciéndonos constantemente objeto de las más hondas vejaciones». Azaña lo cerraría el 13 de octubre, con el célebre discurso «España ha dejado de ser católica».

En los días siguientes vendría la dimisión de la parte católica del Gobierno republicano, el presidente Alcalá Zamora y el ministro de Gobernación Maura. También aquella noche en la que Azaña se acostó ministro y se despertó presidente. Es verdad que el líder de Izquierda Republicana había conseguido moderar la posición inicial de los socialistas en favor de la expulsión constitucional de todas las congregaciones. Pero aún así, la expulsión de la Compañía de Jesús, la prohibición de enseñar a las órdenes religiosas y la supresión del presupuesto eclesiástico en dos años, en lugar de resultar «verdadera defensa de la República», se convirtió en el principio del fin del nuevo régimen.

En un país como España, la hegemonía republicana sólo podía construirse con éxito sobre la inclusión progresiva del catolicismo en el sistema republicano. La solución adoptada por la intransigencia de la minoría socialista a propuesta de Azaña, basada en la exclusión del catolicismo, «resolvió una crisis de gobierno, pero creó una crisis de sistema», como dice el biógrafo de De los Ríos y rector de la Universidad de Alcalá, Virgilio Zapatero.

La aprobación del que finalmente sería el artículo 24 marcó un antes y un después en el devenir de la República, como señalaron después diferentes protagonistas de la época como Largo Caballero, Marcelino Domingo, Alcalá Zamora o el propio Azaña. Hasta aquel artículo, los hombres que trajeron la República marchaban unidos. Pero, como dijo Domingo, ese día «marcó una división y trazó caminos que convergían y divergían». La cuestión religiosa había conseguido «unir a los antirrepublicanos y separar a los republicanos». No era la primera vez en la historia de España.

La modernización del Estado español exigía, sin duda, un proceso de laicización y de separación entre el Estado y la Iglesia. La formación del Estado había quedado sellada desde el siglo XVI por la confesionalidad católica. El nuevo régimen democrático debía constituirse sobre el principio de la libertad de conciencia y religiosa. Consiguientemente, debía afirmar la separación entre el Estado y la Iglesia y reconocer la libertad de cultos. En consecuencia, con ello había de impulsar diferentes medidas que toparon con las resistencias de la jerarquía católica de la época, como la escuela laica con religión optativa, la secularización de los cementerios, el divorcio civil o el reconocimiento de las confesiones minoritarias, principalmente judíos y protestantes.

Sin embargo, el proyecto de laicización tomó un sesgo anticlerical excluyente, y ello hizo fracasar el intento de una solución de conciliación.Hubo una oportunidad, y de ella es bueno hacer memoria. La protagonizaron De los Ríos y Alcalá Zamora, por parte del Gobierno, y Vidal i Barraquer y el nuncio Tedeschini, con el apoyo de Pacelli, por la de la Iglesia católica, en lo que se conoce como «Acuerdo reservado».

Los puntos de conciliación que habían alcanzado se sustanciaron así:

1º) Reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, de su estructura jerárquica, del libre ejercicio de culto y de la propiedad de sus bienes.

2º) Un convenio entre la República y la Santa Sede para el reconocimiento antedicho. Aunque Alcalá-Zamora y Lerroux eran partidarios de un concordato, el ministro de Justicia era partidario de un modus vivendi que más tarde pudiera conducir al concordato en circunstancias más propicias, «pero -escribe en sus notas Vidal y Barraquer- no defenderá la forma de concordato» y tampoco «acepta la declaración de Corporación de Derecho Público para la Iglesia», lo que en ningún caso significa «aminoración en el reconocimiento» de su personalidad jurídica.

3º) Respeto «en su constitución y régimen propios y en sus bienes, al menos los actualmente poseídos» a las congregaciones religiosas. Éstas quedarían sujetas a las leyes generales del país. El Gobierno defendería en bloque a todas las congregaciones.

4º) Reconocimiento de la plena libertad de enseñanza de todo español y por ello también de la Iglesia a «crear, sostener y regir establecimientos docentes, sometidos a la inspección del Estado en cuanto a la fijación de un plan mínimo de enseñanza y salvaguardia de la moral, higiene y seguridad del Estado».

5) En presupuesto de culto y clero acordaron la conservación de los derechos adquiridos y la amortización a medida que se fueran produciendo vacantes. Se contemplaba la sustitución progresiva de la partida de culto por una subvención global dedicada a la conservación del patrimonio histórico-artístico. Este acuerdo implicaba por parte de la Iglesia el reconocimiento de la República, y para facilitar las cosas la Iglesia se comprometía a forzar la dimisión del perturbador primado de Toledo, Pedro Segura, lo que Roma así cumplió.

De los Ríos se empeñó hasta el extremo por lograr una solución dialogada, defendió un modus vivendi entre la República y la Iglesia. Su discurso parlamentario, un 8 de octubre de 1931, hecho a título personal y por motivos de conciencia, quiso convencer a la mayoría republicana de la Cámara y particularmente al grupo parlamentario socialista de su opción, la que habían tejido con hilvanes en los diálogos con la Iglesia. Sin embargo, su apuesta fracasó.

Nadie podía dudar de la voluntad laicizadora de Fernando de los Ríos. Tenía razones jurídicas, sociológicas y biográficas para ello. Se había forjado en la Institución Libre de Enseñanza como discípulo y pariente de Giner de los Ríos. Republicanos y socialistas le confiaron primero el Ministerio de Gracia y Justicia, y después, una vez aprobada la Constitución, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En ambos iban a dirimirse los contenciosos que la República podía y habría de tener con la Iglesia. Sin embargo él defendió una posición moderada, proclive al acuerdo. Pero perdió contra su partido y contra la Cámara.

Así le escribía a Manuel de Falla el 19 de abril de 1933: «frente a mi partido y contra la mayoría, al discutirse la cuestión religiosa en el Parlamento, sostuve la actitud más moderada y respetuosa que hubo de ser defendida, la que ahora lamentan las derechas que no se adoptara, esas derechas que en sus periódicos me presentan como símbolo de antirreligiosidad y en privado me piden amparo de continuo, desde el canónigo Molina hasta el propio Gil Robles. ¡Si viese cuánta amargura causa todo esto!».

Es bueno hacer memoria de lo que pudo ser y no fue. Hay líderes del PSOE que tienen bien presente esta historia, es el caso de la vicepresidenta de Gobierno Teresa Fernández de la Vega. También los hay en la Iglesia, el presidente de la Conferencia episcopal, Ricardo Blázquez. Debe llegar ya un arreglo en materia educativa. Es necesario acabar por normalizar la relación mutua. La última instrucción de los obispos tiene razón en reivindicar un reconocimiento del papel que la Iglesia española ha tenido en la construcción de la democracia. Sin embargo, no hubiera estado de más un gesto de reconocimiento a un Gobierno que ha cambiado notablemente y a mejor su confuso inicio respecto a la cuestión religiosa.

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El PSOE arrebata al PP un puesto en el consejo de Unicaja por la edad

El PSOE arrebata al PP un puesto en el consejo de Unicaja por la edad

Las candidaturas socialistas y populares empataron a votos

(ElPaís, 18/01/07, Málaga, Diego Narváez):

La asamblea general para renovar a parte de los miembros del consejo de administración de Unicaja no pudo tener un resultado más sorprendente. El empate a votos entre el PSOE y el PP para elegir a los representantes de las corporaciones locales y el Parlamento se solventó 4-2 a favor de los socialistas porque el segundo de sus candidatos en cada caso tiene más edad que el popular. El PSOE arrebata de esta forma un puesto al PP en el consejo. Por primera vez en los 16 años de historia de Unicaja, PSOE y PP acudieron a una asamblea para elegir los órganos de gobierno de la entidad con listas enfrentadas. El empeño del PP de que el diputado Manuel Atencia sea vicepresidente primero de la caja con poderes ejecutivos impidió el consenso que tradicionalmente ha imperado en Unicaja, y el resultado ha sido que los populares han perdido peso en el consejo de administración. Hasta ahora, cada partido tenía tres miembros en el consejo por la representación política, además del presidente Braulio Medel, inicialmente adscrito al PSOE pero que siempre ha sido una figura de consenso. Desde anoche, el PSOE tiene cuatro representantes y el PP dos.

La votación no pudo ser más enrevesada y sorprendente en su desenlace. La asamblea de ayer tenía que renovar a nueve de los 20 miembros del consejo de administración. Tres de ellos en representación de los asambleistas que eligen las corporaciones locales. 16 votaron a favor la lista del PP, y otros tantos se inclinaron por la candidatura del PSOE, que arrastró un voto de IU, uno del PA y un independiente. El PP había medido mal sus fuerzas. Con este resultado, se garantizaban un puesto en el consejo el popular Manuel Atencia, actualmente diputado en el Congreso, y el socialista Francisco González Cabañas, presidente de la Diputación de Cádiz.

Según los estatutos, en caso de empate el tercer miembro se decide a favor del aspirante de más edad, y resultó que el alcalde de Antequera, el socialista Ricardo Millán, es mayor que el alcalde de Alhaurín El Grande, Juan Martín Serón (PP).

El mismo empate a 16 votos se produjo en la elección de los tres miembros que representan al Parlamento andaluz, y nuevamente el segundo aspirante socialista tenía más edad que el popular. De esta forma salieron elegidos los socialistas malagueños Marisa Bustinduy y Luis Reina, el concejal gaditano del PP José Loaiza.

Los otros tres miembros del consejo que se elegían ayer, en representación de las entidades fundadoras son Juan Fraile (Diputación de Málaga), Ginés García Beltrán (Obispado de Almería) y Javier Arcas (Fundación Moctezuma) que en los tres casos repiten mandato.

Con los resultados de anoche, el PP pierde fuerza en su propósito de que Atencia sea vicepresidente ejecutivo, aunque la dirección de la formación insiste en que así es según el acuerdo de estabilidad alcanzado en 1997. Las demás formaciones no ponen reparos a que Atencia sea vicepresidente, pero sí a que tenga poderes ejecutivos, pues sostienen que éstos sólo pueden recaer en alguien sin perfil político como Mariano Vergara, el consejero a quien sustituye Manuel Atencia.

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La dirección del PSOE impone la candidata a la alcaldía de Ronda

La dirección del PSOE impone la candidata a la alcaldía de Ronda

(ElPaís, 18/01/07, Málaga, ElPaís):

La comisión de listas del PSOE de Andalucía ha decidido que la diputada en el Congreso Ana Fuentes sea la candidata a la alcaldía de Ronda, en contra de lo aprobado por la asamblea local que eligió a María Isabel Morales con un 69,75% de votos favorables. Aquella asamblea local fue impugnada por el sector que encabeza el ex alcalde Juan Fraile, minoritario en Ronda, pero respaldado por las direcciones provincial y regional. La ejecutiva local de Ronda, que se encontraba reunida al cierre de esta edición, había advertido previamente que presentaría la dimisión en bloque si la comisión de listas elegía a Ana Fuentes.

El secretario de organización del PSOE de Andalucía, Luis Pizarro, matizó que no se trata de una imposición, y justificó la decisión de la comisión de listas en que el PSOE de Ronda incumplió el acuerdo que previamente habían alcanzado las direcciones regional, provincial y local para que Ana Fuentes encabezara una candidatura de consenso entre los dos grupos enfrentados. Fraile lamentó ayer que el secretario local, Francisco Cañestro, no fuera capaz de cumplir aquel compromiso y de que en la asamblea que eligió a María Isabel Morales no se le permitiera tomar la palabra.

"No imponemos nada, simplemente hay una reglas del juego, la asamblea local elige una candidatura, y luego la comisión regional de listas tiene la potestad de resolver", dijo Pizarro.

- Errores.

El secretario de Organización regional sí reconoció que la dirección del partido, incluido él mismo, ha cometido errores en la resolución del conflicto en la agrupación de Ronda y por no haber dedicado "ni el tiempo ni el diálogo necesarios" para alcanzar un acuerdo sobre el conjunto de la candidatura.

En principio, el sector mayoritario del PSOE de Ronda apostaba por la ex alcaldesa Isabel Aguilera, vocal de la ejecutiva regional, como candidata a la alcaldía, mientras que desde la dirección provincial se veía con mejores ojos la opción de Juan Fraile, que fue alcalde entre 1991 y 1999 y presidente de la Diputación desde entonces hasta 2003 al entender que era más idóneo para tratar de recuperar el Ayuntamiento de Ronda. En septiembre de 2004, Isabel Aguilera fue derrocada de la alcaldía por el PA en una moción de censura apoyada por PP y GIL. El conflicto motivó la intermediación de la dirección regional que forzó el acuerdo de una candidatura de consenso encabezada por Ana Fuentes incumplido por el sector mayoritario.

La candidata elegida por la agrupación local, María Isabel Morales, dijo ayer "no poder creer que esto esté pasando". "Es asombroso que en un partido democrático se anule una candidatura que tuvo un apoyo tan mayoritario y no se acepte la voluntad de la agrupación local", dijo, y espetó a que "se acabe ya que uno sea el que mandurronee y los demás obedezcan".

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Santiago Carrillo en la manifestación contra ETA

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Zapatero: Palabras y hechos

Lo menos que se puede decir es que el Gobierno no interpretó correctamente las advertencias de ETA

(ElPaís, 14/01/07, Santos Juliá):

Un político, más si es gobernante, tiene un problema cuando un amplio sector de la ciudadanía llega a convencerse de que su palabra no guarda relación con los hechos de los que quiere dar cuenta o pretende encauzar en una determinada dirección. Hoy es evidente que no era la mejor manera de identificar como "proceso de paz" la negociación con ETA y que no era la mejor manera de identificar el rearme de ETA como un accidente de tal proceso.

Hoy es dolorosamente claro que no basta nombrar un hecho para cambiar su significado. Cuando por medio de la palabra se intenta modificar el significado de unos hechos, quien sale perdiendo es la palabra, no los hechos: el lenguaje se pervierte y las palabras descienden al nivel de la in/significancia, pierden su referente, no explican el sentido de las cosas. Es lo que ha ocurrido con el discurso al que el presidente del Gobierno se ha lamentablemente acostumbrado en los últimos tiempos y que ha tenido su más patética expresión en su incomprensible conducta y en las declaraciones inmediatas al atentado: eran palabras vacías de sentido, que conducen al autoengaño del emisor y a la frustración de sus destinatarios

Hace meses, casi recién proclamado un alto el fuego permanente, y como el vandalismo callejero no remitiera, ETA se vio en la necesidad de anunciar, primero, que el Pueblo Vasco hacía muy bien en demostrar su enfado por medio de ese tipo de actos y, segundo y principal, que se confundía quien entendiera permanente como irreversible. ETA llamaba entonces a las cosas por su nombre. Que la kale borroka desapareciera y que lo permanente se convirtiera en irreversible dependería de los pasos que el Gobierno diera en una negociación que ETA ha definido desde su primer comunicado como proceso para construir, sin renuncia previa a las armas, un nuevo marco político. Cualquiera podía interpretar, porque estaba tan claro como la luz del día, que ETA había suspendido -por emplear una palabra del gusto del presidente- sus atentados de manera condicional: si el Gobierno daba pasos en la dirección querida por ETA, mantendría la suspensión; si no, habría kale borroka y lo permanente se convertiría cualquier día en reversible sin dejar de ser, para sus autores, permanente.

Lo menos que se puede decir es que el Gobierno no interpretó correctamente estas reiteradas advertencias, siempre acompañadas de hechos: robo de armas, secuestro, chantaje a empresarios, vandalismo callejero y todo lo demás. No eran, contrariamente a la interpretación de los expertos en procesos de paz comparados, mensajes para consumo interno, sino palabras cargadas de hechos, como a su debido tiempo advirtió la policía francesa. El Gobierno, sin embargo, convencido, como tantos de sus asesores, de que lo que ETA hacía era pedir árnica para pasar el trago del desarme, interpretó todo eso como retóricas para calmar a los más reacios y traerlos al redil del proceso.

El presidente del Gobierno arrastra desde hace tiempo un grave problema de discurso, que sus más allegados han pretendido trivializar desdeñando a quienes así lo señalaban como gentes de otra generación, de un tiempo pasado. Lo mostró en el debate del Estatuto de Cataluña; lo ha vuelto a mostrar en la negociación con ETA. Su cada vez más deletérea perversión del lenguaje era recibida con inquietud por los ciudadanos que comenzaron a sospechar que aquel pensamiento blando, más que débil, ocultaba una inseguridad de fines: el presidente, en realidad, no sabía adónde iba el proceso y lo disimulaba a base de identificarlo con calificativos genéricos. Pero como a un gobernante siempre se le supone en posesión de información superior, se le otorgó la presunción de que, aunque no supiera adónde iba el proceso, sabría al menos cómo manejarlo. El atentado de ETA ha demolido también esa presunción: el presidente no poseía esa información superior, y la reiterada petición de fe y confianza en su palabra estaba montada sobre una nube de humo.

Y éste sí que es un problema cuando hechos de la magnitud del último atentado no caben en el discurso de quienes, negociando con ETA, creyeron estar embarcados -y actuaron como si lo estuvieran- en un proceso de paz. Sin duda, habrá que reconstruir estrategias con vistas a futuras negociaciones; para que sean creíbles, será preciso elaborar el discurso que las identifique. Mal empezamos si el reconocimiento del error se censura -única práctica en la que el presidente ha mostrado rápidos reflejos: censurar cualquier esbozo de autocrítica- y si, finalmente, todo lo ocurrido se despacha con un "ya os decía yo que el proceso sería largo, duro y difícil".

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El Ayuntamiento de Barcelona impide un acto de protesta del movimiento francés Los Hijos del Quijote

El Ayuntamiento de Barcelona impide un acto de protesta del movimiento francés Los Hijos del Quijote

(ElPaís, 13/01/07, Barcelona / Madrid, EFE / elpais.com):

El Ayuntamiento de Barcelona ha impedido esta mañana que el movimiento francés Los Hijos del Quijote, que propugna viviendas y ayudas públicas para los sin techo, acampe en la plaza de Sant Jaume. Su intención es repetir las protestas que durante tres semanas organizaron en Francia por la falta de pisos sociales en varias ciudades. La acampada en la capital catalana ha quedado así reducida a una pequeña mesa y cinco sillas colocadas para recoger firmas en la plaza (dónde se ubican el Ayuntamiento y el Palacio de la Generalitat de Cataluña), en virtud al acuerdo al que ha llegado la organización con el Gobierno municipal, según ha informado un portavoz del colectivo.

La Guardia Urbana y la policía autómica catalana han controlado los accesos a la plaza y han regado el suelo para impedir que los manifestantes se tumbaran allí. La intención de la organización era acampar de mediodía a cinco de la tarde, pero el alcalde, el socialista Jordi Hereu, había asegurado que no lo permitiría.

Los Hijos del Quijote llegaron a Barcelona el lunes procedentes de Francia, país en el que durante tres semanas organizaron grandes acampadas de protesta por la falta de pisos sociales en varias ciudades. Según uno de sus miembros, el valenciano Guillem Carbajosa, la protesta ante el consistorio de Barcelona es “puramente simbólica”. “Es una acción tímida que realizaremos con el apoyo de otras asociaciones”, ha dicho Carbajosa. El colectivo planea otra acción en Cataluña, aunque no ha informado al respecto.

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Varios alcaldes socialistas andaluces están imputados por delitos contra la ordenación del territorio

Varios alcaldes socialistas andaluces están imputados por delitos contra la ordenación del territorio

(ElPaís, 12/01/07, Málaga, ElPaís):

Varios alcaldes socialistas andaluces promueven planes urbanísticos poco acordes con las directrices de su partido.

Huelva.-

- El Granado.

El alcalde de El Granado (618 habitantes), Juan Manuel Burga, tiene paralizado el proyecto de construcción de una urbanización de 2.678 chalés, un hotel de 1.800 plazas y un campo de golf en terreno protegido.

- Ayamonte.

En Ayamonte (18.638 habitantes), el alcalde, Rafael González, permitió la construcción de unas 250 viviendas en un terreno protegido. Un juzgado de Ayamonte ha abierto diligencias. La obra se encuentra al 30%.

- Bollullos Par del Condado.

En Bollullos Par del Condado (13.500 habitantes), gobernado por Carlos Sánchez, Izquierda Unida ha pedido que se investigue la construcción del nuevo recinto ferial en terreno rústico.

Málaga.-

- Mijas.

- Estepona.

Los alcaldes de Mijas (61.147 habitantes), Agustín Moreno, y Estepona (58.600 habitantes), Antonio Barrientos, han impugnado el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol occidental.

Granada.-

- Armilla.

En Armilla (19.667 habitantes), un juzgado investiga presuntas irregularidades en las obras del Centro Comercial Parque Nevada, promovidas por el empresario Tomás Olivo, imputado en el caso Malaya. El alcalde, José Antonio Morales, no repetirá como candidato.

- Freila.

En Freila (1.090 habitantes), el alcalde, Abelardo Vico, está procesado por permitir cien casas ilegales, cinco de ellas en paraje protegido.

- Láchar.

En Láchar (2.819 habitantes), La Fiscalía del TSJA ha abierto diligencias contra el alcalde Francisco Javier Montiel por conceder a una empresa de su propiedad una licencia para construir una almazara en suelo rústico.

Sevilla.-

- Guillena.

El alcalde de Guillena (9.318 habitantes), Justo Padilla, está en los tribunales por permitir la construcción de unas naves en zona verde.

Cádiz.-

- Grazalema.

En Grazalema (2.243 habitantes), fue detenido el ex arquitecto municipal Juan Prieto por haber supuestamente cobrado comisiones ilegales a cambio de licencias. La oposición y los ecologistas piden responsabilidades a la alcaldesa, María José Lara.

- Tarifa.

En Tarifa (17.478 habitantes), su alcalde y candidato, Miguel Manella, tiene abiertas diligencias previas en el juzgado por delitos de prevaricación y ordenación del territorio por una operación en el entorno del castillo de Santa Catalina tras una denuncia del PP.

- Jimena.

En Jimena (9.893 habitantes)el regidor, Ildefonso Gómez, tiene abiertas diligencias por irregularidades en la finca la Bordilla. No repetirá como candidato.

- Medina-Sidonia.

El alcalde de Medina-Sidonia (11.166 habitantes), Francisco Carrera, ha presentado un plan general que excede claramente los límites legales.

Jaén.-

- Torre del Campo.

El fiscal pide para el alcalde de Torre Del Campo (14.076 habitantes) dos años de inhabilitación por amparar la construcción ilegal de viviendas en una zona protegida.

- Baños de la Encina.

El alcalde de Baños de la Encina (2.715 habitantes), Miguel Campillo, ha sido imputado por presuntos delitos urbanísticos, tras la denuncia de un particular por la "proliferación" de construcciones ilegales.

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